24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
¿Qué pasó el 24 de marzo?
El 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemora a las víctimas de dicha dictadura, autodenominada por los propios responsables como «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre esa fecha y el 10 de diciembre de 1983.
El 24 de marzo se propone como un día de reflexión y análisis para que toda la población comprenda las graves consecuencias sociales, políticas y económicas de la última dictadura militar. También para que todos y todas asumamos el compromiso en la defensa y vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución nacional, y el fortalecimiento del régimen político democrático.
Para repasar lo sucedido en esos años, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas realizaron en la Argentina un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Nuestro sistema de gobierno, basado en la Constitución nacional y en la división de poderes ―ejecutivo, legislativo y judicial―, fue arrasado. Desde ese día la dictadura disolvió el Congreso, impidió el funcionamiento de los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la expresión de libertad y suspendió las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino en manos de una junta militar de gobierno instaló en todo el país un aparato represivo para llevar adelante la persecución y eliminación de todo adversario político, que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. Para ello, se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal, y se instalaron más 500 centros clandestinos de detención ―muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales―, ubicados en zonas urbanas.
Esta no era la primera dictadura que atravesaba la Argentina, pero sí la única que se caracterizó con la expresión «terrorismo de Estado». Esto se debe a algunas características singulares que la distinguen de las anteriores: la desaparición forzada y sistemática de personas, la instalación y el funcionamiento de los centros clandestinos de detención en todo el país, la apropiación sistemática de menores, los delitos sexuales, la censura y las prohibiciones en el ámbito cultural, el ejercicio del terror como forma de disciplinamiento de toda la sociedad. Entre 1976 y 1983 hubo 30.000 personas detenidas desaparecidas. Ciudadanos y ciudadanas que resultaron víctimas de la represión cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida. Las consecuencias de todo lo vivido durante esos años continúan en el presente. El proceso de justicia sobre estos crímenes se constituyó en una de las vías posibles para reconstruir esa historia, acercarse a la verdad y sentar las bases de la democracia duradera.
¿Qué pasó con el proceso de justicia?
La última dictadura cívico-militar argentina, iniciada en 1976, no fue la única que vulneró derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, tampoco fue la única dictadura de nuestra historia. No obstante, tuvo algunos rasgos distintivos que la constituyen en una experiencia límite, un punto de inflexión que moviliza reflexiones profundas en la sociedad y preguntas por aquello que es esencial para la vida en común, para no volver a repetir ese pasado. Se distingue de otras dictaduras por haber llevado a cabo un plan sistemático de desaparición de personas ―lo que dio origen al término tristemente argentino desaparecidos― y un plan sistemático de apropiación de niños y niñas, en el marco del terrorismo de Estado. Además, intentó borrar toda huella de los crímenes cometidos mediante la clandestinidad de la represión y la práctica de la desaparición de personas, e intentó garantizar la impunidad mediante leyes dictadas por los propios represores.
Como contracara, gran parte de la sociedad, y en especial los organismos de derechos humanos conformados, en su mayoría, por familiares de las víctimas, exigieron verdad y justicia desde que comenzaron a organizarse, aún en tiempos de dictadura. Con la apertura democrática fortalecieron estas demandas y desde ese momento se transita el camino de la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante este período, acompañada por los trabajos de memoria que motorizan distintos actores sociales y el propio Estado.
El 24 de marzo tiene una carga muy particular en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Esta fecha condensa un experiencia límite de nuestra historia reciente: el terrorismo de Estado, y a la vez funciona como un día emblemático para reflexionar acerca de la vida en sociedad, la democracia y la vigencia irrenunciable de los derechos humanos. La vida en nuestro país, la propia concepción sobre lo que es el ser humano, no ha sido igual después de ese 24 de marzo. La políticas reparatorias sobre sus consecuencias, la lucha de diversos sectores sociales y el amplio consenso creado en torno a la memoria, la verdad y la justicia son los elementos centrales que nos permiten llenar de significados vitales a nuestra democracia, conquistada en el plano institucional en 1983.
Memoria, verdad y justicia son banderas de lucha, pero también procesos que se retroalimentan. Es importante recordar siempre lo sucedido en esos años y a sus víctimas, para que estos hechos no se repitan, como lo es también conocer la verdad, esa verdad negada por los propios responsables de los mayores crímenes cometidos en nuestro pasado reciente, para poder transmitir y enseñar a los y las más jóvenes. Pero también resulta imprescindible juzgar y condenar dichos crímenes para que nuestro pueblo pueda procesar el daño sufrido. Los procesos de memoria, verdad y justicia tienen un sentido reparatorio para las víctimas, pero también para el conjunto de la sociedad ya que propician la construcción de consensos básicos para la vida en democracia, y promueven sobre esta base la reconstrucción de los lazos sociales. Como señala Hannah Arendt en La vida del espíritu, el juicio sobre el pasado se realiza en función del presente y del futuro. Los juicios de esta naturaleza son una de las formas de representación del pasado que posibilita evaluarlo críticamente y dan lugar a procesos de elaboración social de las experiencias límite.
Esta afirmación como fundamento ético es fruto de un camino de muchos años de lucha, organización y construcción colectiva. El proceso de justicia tiene su propia historia en nuestra joven democracia y aún se sigue escribiendo. Una historia de avances y retrocesos, de períodos de impunidad y otros de juzgamiento efectivo, de «olvidos» y de políticas estatales reparatorias, de luchas, de resistencias, de levantamientos militares, de plazas llenas, de escraches, de juzgados colmados a la espera de la condena a los represores, de impotencia y dolor, pero también de alivio y orgullo nacional. Se trata de un largo proceso en que la sociedad sigue intentando resolver qué hacer con la enorme carga de su pasado.
Fuente: Educ.ar Portal